ficha de Transcripción

 

Autor: Carlos Eispert

Obra: Enciclopedia Básica de México

Editorial :Océano

Edición: Ana Piosca

Paginas:35,38,112,114

 

¿QUE CARACTERISTICAS POLITICAS HA TENIDO EL MEXICO INDEPENDIENTE Y EL MEXICO EN LA ETAPA DEL PORFIRIATO?

"Después de la guerra de la independencia la política libera lista dio igualdad jurídica a todos los habitantes del país ,elimino el sistema de atributos  y la tutela de los indígenas .El régimen de pequeña propiedad impidió que los indígenas recuperaran sus tierras además fueron explotados como fuerza de trabajo"

"El mandato de Díaz se extendió hasta 1911 y solo sufrió dos interrupciones ,su gobierno se apoyo  de un grupo de intelectuales  conocido como los científicos ,bajo su poder el país vivió  en calma se ampliaron las  redes ferroviarias así como la comunicación telegráfica y postal."

 

¿En la política como se estructuraba México  antes de  la conquista?

 

"La sociedad se hallaba estructurada en tres grupos sociales: mercaderes ,militares y sacerdotes .Estos grupos profesionales que bajo el mando del estado político participaban en una economía compleja."

"Se cree que se estructuraban en ciudades  estado unidas entre si  ya que favoreció entre 1200 y 500 a.c en las regiones de tres zapotes  la venta en san Lorenzo."

"Fue en 1376 cuando tuvieron un rey propio llamado Acamapichtli descendiente de los  toltecas  por lo cual era una estructura política monarquista. "

 

¿QUE CAMBIOS HA TENIDO LA ESTRUCTURA  DE MEXICO DESDE LA COLONIA HASTA EL PERIODO DE BENITO JUAREZ?

 

"La actual división política  de México es el resultado  de un largo proceso histórico ,de modo que cada unidad política  contempla un conjunto de características  socioeconómicas y políticas  que le otorgan identidad propia."

"La superficie  territorial del país  se divide en 32 entidades federativas  según queda establecido  en el articulo 43 de la constitución."

 

"constitución de las siete leyes"

"el acta constitutiva de reformas 1047"

" la constitución de1857"

"la constitución de 1917"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYES DE DESAMORTIZACION DE BIENES DE LA IGLESIACAMBIOS ESTRUCTURALES

 

La Desamortización de bienes eclesiásticos en México fue un largo proceso económico, social e histórico iniciado en la época de los Borbones, desde la Colonia, como reflejo del endeudamiento del rey Carlos III por las guerras y los problemas por el Real Patronato. Una de las reformas borbónicas fue precisamente la posibilidad de la autoridad de vender los bienes eclesiásticos a favor del erario público. En Yucatán desde el año de 1782, bajo el gobierno del obispo Piña, se verificó la desamortización de bienes eclesiásticos.

Desamortización durante el Gobierno de Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías

El 6 de diciembre de 1846 se instaló el Congreso constituyente designando como presidente a Antonio López de Santa Anna y como vicepresidente a Valentín Gómez Farías. Al tomar posesión Santa Anna pidió licencia para ponerse al frente de las tropas mexicanas que iban a combatir la invasión norteamericana para apoderarse de Texas, y por ello Gómez Farías asumió el poder Ejecutivo el 24 de diciembre de 1846.

La primera cuestión que debía resolver el Congreso era decidir la vuelta del federalismo y hacer frente a la invasión armada de Estados Unidos, por lo cual, se necesitaban soldados y oficiales para el ejército y se requerían recursos económicos. Así, se promulgó el 11 de enero de 1847 la ley mediante la cual se autorizó al gobierno a proporcionarse hasta quince millones de pesos mediante la hipoteca o venta de los bienes de manos muertas, refiriéndose solamente a bienes eclesiásticos que no se compraban, ni vendían, o sea eran manos muertas para el mercado, con el fin de seguir la guerra contra Estados Unidos.

Cuatro días después apareció el reglamento de la Ley de Desamortización, en dicho reglamento se establecían las autoridades que deberían llevar a cabo las medidas para la desamortización, un orden de anticipación respecto a que bienes se deberían de disponer. Dicha ley fue cancelada el 29 de marzo de 1847.

La legislación liberal sobre desamortización

El 4 de octubre de 1855 se constituyó el primer gobierno surgido de la revolución de Ayutla, el cual fue presidido por el general Juan Álvarez y se integró mayoritariamente por liberales “puros” o radicales, como Melchor Ocampo, Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada, aunque también había algunos liberales moderados, como Ignacio Comonfort. En diciembre del mismo 1855 renunció Álvarez a la presidencia y fue sustituido por Comonfort.

El 25 de junio de 1856, Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la república, expidió el Decreto sobre Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, también conocido como la Ley Lerdo. De igual forma expidió el Reglamento de la Ley de Desamortización el 30 de junio del mismo año. Estos documentos fueron la base de las acciones desamortizadoras que se realizaron de 1856 hasta el Porfiriato.

La Ley tenía como objetivo reactivar la economía y las finanzas públicas del Estado. Buscaba que México se convirtiera en un país con sólo propiedad privada, individual, y se desapareciera la propiedad comunal, o sea la de las corporaciones, como entonces se les llamaba a las comunidades. Esto incluía tanto a todos los conventos y bienes que pertenecían a congregaciones religiosas, como a las poblaciones indígenas que tenían una propiedad corporativa de bienes y a los ayuntamientos de pueblos y ciudades, propietarios en iguales condiciones.

El origen ideológico de las disposiciones era (plenamente) liberal. El gobierno ante la gran cantidad de bienes inmuebles en poder de la Iglesia Católica, decide venderlas para obtener recursos. De acuerdo con los artículos de la ley, los arrendatarios de inmuebles desamortizados pueden comprarlos por un precio calculado de acuerdo con la renta que pagan, y los que no estuvieran arrendados, serían vendidos en una subasta pública.

De la misma forma, se dispuso que los grupos religiosos no pudieran adquirir bienes raíces, a excepción de aquellos que fueran estrictamente necesarios para el culto. Esta ley formó parte de las llamadas leyes de Reforma que establecieron la separación Iglesia-Estado, la abolición de los fueros eclesiásticos y la secularización del registro de nacimientos, defunciones y matrimonios (dando origen al Registro Civil). La Ley es llamada Lerdo por el papel relevante que tuvo Miguel Lerdo de Tejada en su formulación, reglamentación, interpretación y ejecución. Esta ley tuvo como consecuencia que muchas de las fincas quedaran en manos de inversionistas nacionales y extranjeros y dieran origen a los latifundios o grandes extensiones de tierra de un solo propietario en años posteriores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMAS POLITICAS MAS IMPORTANTES DE BENITO JUAREZ

 

En plena guerra entre liberales y conservadores, con un gobierno en constante peregrinaje por la persecución de sus enemigos políticos, hace siglo y medio, el 6 de septiembre de 1860, el presidente Benito Juárez proclamó en la ciudad de Guanajuato las Leyes de Reforma, cuyo propósito principal era separar a la Iglesia del Estado y consolidar la Independencia de México.

         El político liberal, conocido como el Benemérito de las Américas y quien es recordado por la frase célebre: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, logró concretar en México las Leyes de Reforma expedidas entre 1859 y 1860.

El 1 de marzo de 1854, se proclamó el Plan de Ayutla en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, la revolución encabezada por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort se extendió por diversas partes del país, logrando el éxito en octubre de 1855. Juan Álvarez asumió la presidencia de forma interina quien a su vez convocó a un congreso. Un aspecto importante de Juan Álvarez fue que asumió en su gabinete a liberales jóvenes, gracias a ello gente tan importante para la historia de México como Melchor Ocampo, Benito Juárez, Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort, tuvieron la oportunidad de tener una participación política activa. En su administración, Álvarez se dedicó a hacer leyes que mantuvieran al país bajo los ideales del liberalismo, como la Ley Juárez, y la disposición de Melchor Ocampo que privaba del derecho al voto al clero. Por motivos personales Juan Álvarez renunció a su cargo en diciembre de 1855 y dejó a Ignacio Comonfort como el responsable de la presidencia del país.

El propósito principal de las Leyes de Reforma era separar la Iglesia y el Estado. En adelante, la Iglesia no debería tomar parte en los asuntos del Estado.

En el Movimiento de Reforma debemos distinguir principalmente cuatro etapas:

1) Antecediendo a estas leyes se encuentra la reforma de Valentín Gómez Farías, de 1833.

2) La segunda reforma, que consta de las siguientes leyes:

Ley Lerdo. Obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas, en beneficio de más personas. Firmada por el Presidente Comonfort y Lerdo de Tejada.

Ley Juárez. Aprobada por Benito Juárez, trató de suprimir los fueros militares y eclesiásticos en los negocios civiles, por lo tanto los tribunales de las dos corporaciones, Iglesia y Ejército, se debían concretar a intervenir en los asuntos de su competencias y no los asuntos civiles.

Ley Iglesias. Se prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales, que hasta entonces exigían los sacerdotes a los pobres, considerándose pobres aquéllas personas que no obtuvieron a través de su trabajo personal más de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia. Autor: José María Iglesias.

3) La Constitución de 1857, en que triunfaron los liberales moderados.

El clero y una parte importante del pueblo obviamente estuvieron en contra de estas leyes, ya que afirmaban que atacaban a la religión y comenzaron a brotar conspiraciones por parte del clero.

El conservador Félix Zuloaga, dio a conocer el Plan de Tacubaya, el cual demandaba la anulación de la Constitución de 1857, la permanencia de Ignacio Comonfort, y la convocatoria de un Congreso extraordinario, el cual se encargaría de elaborar otra carta constitucional que, según los conservadores, “garantizara los verdaderos intereses del pueblo”.

El Presidente Comonfort se une al Plan de Tacubaya y da un golpe de estado y desconoce la constitución, quedando las leyes sin efecto. Surgen problemas por todo el País, y ante su incapacidad, Comonfort abandona México. Siendo Juárez el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, asume por derecho la presidencia del País en 1858. Pero los conservadores habían elegido otro Presidente, Félix Zuloaga.

4) Las Leyes de Reforma o de guerra de contenido radical. Durante la Guerra, Juárez es obligado a trasladar su gobierno a varias ciudades del país. Incluso sale de México hacia Panamá, y regresa por Veracruz en 1859, donde expide las siguientes leyes de reforma:

Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (1859)

Matrimonio Civil (1859)

Registro civil (1859)

Secularización de Cementerios (1859)

Días Festivos (1859)

Libertad de cultos (1860)

La guerra de reforma dura tres años, y en 1861 por fin logran vencer a los conservadores, regresando Juárez a la Ciudad de México en enero de ese año. Durante su gobierno adiciona las siguientes leyes:

Hospitales y Beneficencia (1861)

Extinción de Comunidades Religiosas (1863).

 

 

LELEYES DE REFORMA

Leyes de Reforma(1859-1860)

En medio del fragor de la guerra el gobierno de Juárez, desde Veracruz, dio a conocer un manifiesto a la Nación el 7 de julio de 1859. En éste delineó las medidas que consideraba indispensables “para poner un término definitivo a esta guerra sangrienta y fratricida”, así como para “desarmar de una vez a esta clase (el clero) de los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio…”.

Siguieron después las denominadas “Leyes de Reforma”:
Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859
Esta Ley decreta que entran “al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido”, y declara que habrá “perfecta independencia” entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos.
“El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquiera otra”.
Ley de Matrimonio Civil, del 23 de julio de 1859
El artículo 1 de esta Ley declara que “El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los contrayentes, previas las formalidades que establece esta ley, se presenten ante aquélla y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio.”
Ley Orgánica del Registro Civil o Ley sobre el Estado Civil de las Personas, del 28 de julio de 1859
De acuerdo con el artículo 1 de esta Ley “Se establecen en toda la República funcionarios que se llamarán Jueces del estado civil y que tendrán a su cargo la averiguación y modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional por cuanto concierne a su nacimiento, adopción, arrogación, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento”.
Ley sobre Libertad de Cultos, del 4 de diciembre de 1860
Esta Ley se expidió casi al finalizar la guerra y cuando el triunfo de los liberales era un hecho. Con ella culmina la obra inconclusa de la Constitución de 1857 pues la libertad de cultos no fue inscrita por el Constituyente. En su artículo 1 la ley señalaba que “Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de terceros y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que por las Leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina”.

Además, el Ejecutivo promulgó diversos decretos:

Decreto que declara que cesa toda intervención del clero en los cementerios y camposantos, quedando los lugares respectivos bajo jurisdicción civil, del 31 de julio de 1859.

Decreto que declara qué días deben tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia, del 11 de agosto de 1859. Declara que dejan de ser días festivos, para el efecto del cierre de tribunales, oficinas y comercios, todos los no comprendidos en los siguientes: los domingos, el día de año nuevo, el jueves y viernes de la Semana Mayor, el jueves de Corpus, el 16 de septiembre, el 1º y 2 de noviembre, y los días 12 y 24 de diciembre (Artículo 1)

Decreto por el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia, del 2 de febrero de 1861, que hasta la fecha habían administrado las autoridades y corporaciones eclesiásticas.

Decreto por el que se extinguen en toda la República las comunidades de religiosas, del 26 de febrero de 1863. Este decreto se expide durante la invasión y ocupación del territorio nacional por el ejército francés. Quedan extinguidas “en toda la República las comunidades de señoras religiosas” pero dicha extinción no comprende a las Hermanas de la Caridad, pues, “aparte de no hacer vida en común, están consagradas al servicio de la humanidad doliente”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de la Intervención Francesa 

La Primera Intervención francesa en México, también conocida como Guerra de los pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839.¹

Las operaciones de la creación de los Pasteles se enmarcan dentro de un intento de obtener privilegios económicos en Hispanoamérica. Previamente se habían producido bloqueos a Buenos Aires (Argentina) y sobre Uruguay el 28 de marzo de 1837, bloqueo que se completó con la organización de un ejército insurgente contra Uruguay, que junto con el bloqueo marítimo acabó tomando la capital de Uruguay (el presidente de Uruguay renunció y se fue a Buenos Aires). Como explicaba una carta del vicecónsul francés Aimé Roger al primer ministro de Francia, el objetivo de este primer bloqueo era "Infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar que será una lección saludable para todos los demás Estados americanos, corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que se la respete".

En 1827, se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. A través del barón Deffaudis, embajador francés, los comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones, que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones, se encontraba la del señor Remontel,²dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna se habían comido en1832 unos pasteles sin pagar la cuenta (posiblemente fue por daños al restaurante), por lo cual exigía ser indemnizado con sesenta mil pesos.¹ Ese fue el motivo para que el pueblo mexicano identifica esta guerra con Francia con el nombre de Guerra de los Pasteles. Adicionalmente ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos países.¹ tomo lugar el 16 de septiembre hasta el 9 de marzo

México había acabado en 1836 la guerra con Texas, y el 28 de diciembre España reconoce finalmente la independencia de México (lo que eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado por un país amigo), y llegado el año de 1838, aún no se había podido concertar un tratado definitivo en virtud de que el representante francés, el barón Antoine-Louis Deffaudis, no estaba de acuerdo con dos artículos del convenio. En consecuencia Deffaudis abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia, para volver al poco tiempo (marzo) acompañado de diez barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. Fondearon frente a la Isla de Sacrificios, Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía las condiciones que Deffaudis plasmó en un ultimátum, que vencía el 15 de abril.

Desde uno de los barcos envió Deffaudis el ultimátum en el que presentaba las reclamaciones de los súbditos franceses en México, por los perjuicios sufridos en sus personas y propiedades durante los movimientos revolucionarios ocurridos en el país.

Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negara a tratar con Deffaudis mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Bazoche, declaró bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó a las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría ocho meses, desde el 16 de abril de 1838, fecha en que se rompieron las relaciones entre ambas naciones.

Al ver que México no cedía ante la presión de tener sus dos principales fuentes de ingresos fiscales bloqueadas, Francia envió en octubre veinte barcos más al mando del contraalmirante Charles Baudin, veterano de las guerras napoleónicas, con el carácter de ministro plenipotenciario del gobierno francés, y se reunió enXalapa con el ministro de Relaciones interiores y exteriores de México, don Luis G. Cuevas para efectuar negociaciones.

En el último proyecto de bases para el arreglo, el plenipotenciario reclamaba del gobierno mexicano la celebración de un tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos países que concediera derechos preferentes a los franceses.

Además, México debería pagar a Francia, en el término de treinta días, la cantidad de 800 000 pesos que se aplicarían del modo siguiente: 600.000 para la liquidación general de los daños sufridos por los franceses y 200.000 como indemnización de los gastos de la flota francesa anclada en la costa mexicana.

Invasiones a México a la Intervención Francesa

La Intervención francesa de México por el ejército del Segundo Imperio Frances es también conocida como la Guerra Franco-Mexicana. Esta invasión fue orquestada por Francia, España y la Gran Bretaña tras el anuncio del Presidente Benito Juárez informando que México suspendería todos los pagos a la deuda externa. Estos tres países eran los principales acreedores de México. Tras la firma del Tratado de Londres en Octubre, acordando unir sus esfuerzos para exigir el pago, las tropas y flotas españolas, británicas y francesas arribaron al puerto de Veracruz en enero de 1862. Tan pronto como los españoles y británicos notaron la intención de Francia para conquistar México, retiraron sus fuerzas de México en abril de ese mismo año. 

Los franceses vieron una gran oportunidad para conquistar México porque Estados Unidos estaba peleando su Guerra Civil y por lo tanto, no le era posible intervenir. El ejército francés sufrió una derrota inicial en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862 (México aún celebra esta victoria cada cinco de mayo) y eventualmente derrotaron a las fuerzas mexicanas tras el arribo de más tropas Francesas, en septiembre. El Presidente Benito Juárez huyó a Chihuahua cuando la ciudad de Puebla cayó en manos de franceses en Mayo 1863, estableciendo un gobierno en el exilio. Las tropas francesas hicieron su entrada triunfal a la Ciudad de México en Junio 1863, designando al General Almonte como Presidente Provisional de México. 

Napoleón III de Francia deseaba formar un gran imperio y detener la expansión de Estados Unidos. El Archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo aceptó la corona y arribó a Veracruz en mayo de 1864 junto con su esposa, la princesa belga Carlota, convirtiéndose en Emperador de México. Un hombre inteligente con una gran educación, era seguir de los ideales progresistas liberales de moda en Europa, esto lo hizo perder la simpatía de la Iglesia y de algunos conservadores. 

Tras la Guerra de la Reforma de México i la Intervención Francesa

Tras la Guerra de Reforma en México, la principal problemática por la que atravesó el gobierno fue la insuficiencia de recursos para establecer el orden en un país agotado por los constantes enfrentamientos, cuartelazos y rebeliones. 

Esta razón llevó a que el congreso decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión de pagos de todas las deudas públicas, lo que originó la reacción de Inglaterra, España y Francia, que reclamaron la cancelación de esa medida, sin embargo el Gobierno Mexicano hizo caso omiso de esa demanda de esos países, por lo que ingleses y franceses terminaron relaciones diplomáticas con nuestro país. 

Los conservadores en México vieron en estas dificultades del gobierno de Benito Juárez la oportunidad para realizar sus objetivos, ya que desde la consumación de la independencia buscaron establecer una monarquía en México. 

En respuesta a la suspensión temporal de pagos, Inglaterra, Francia y España, firmaron en Londres, el 31 de octubre de 1861, un convenio mediante el cual se estableció enviar una expedición a ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas, con el objetivo de captar los recursos económicos de las aduanas y cobrar la deuda de los tres países. 

El gobierno mexicano nunca se negó a pagar tales deudas, sólo solicitó una prórroga de tiempo para superar la angustiosa situación económica en la que se encontraba tras el episodio de la guerra civil de Reforma. 

Después de que las tres potencias europeas firmaron el convenio en Londres, la escuadra española llegó a Veracruz el 8 de diciembre de 1861; los ingleses el 6 de enero de 1862 y los franceses anclaron al día siguiente. El gobierno mexicano designó al General Manuel Doblado para negociar con los intervencionistas, solicitando que expusieran las intenciones de su expedición, sin lo cual no se podía permitir su avance. 

Los plenipotenciarios europeos intercambiaron impresiones con el ministro Manuel Doblado en las que se expuso el interés de evitar un enfrentamiento y el 19 de febrero, se acordaron en La Soledad los preliminares mediante los cuales se pactó, que las potencias aliadas se abstendrían de interferir en cualquier disputa interna de los mexicanos, restringiéndose a la negociación como vía de alcanzar acuerdos sobre sus reclamaciones, dichas negociaciones se llevaron a cabo por representantes de las potencias aliadas y representantes del gobierno mexicano en Orizaba. 

Los preliminares de la Soledad fueron ratificados por el presidente Juárez y los representantes ingleses y Españoles, el 5 de marzo siguiente arribó a Veracruz el General Carlos Fernando de Latrille, Conde de Lorencez quien, con su arrogancia característica creyó que por la situación que vivía México que se encontraba debilitado por los cruentos años de la guerra de independencia, los constantes enfrentamientos del primer imperio y la reforma, sería un país sin ánimos de defenderse cuando fueran atacados por el ejército francés, uno de los más poderosos del mundo. Sin embargo, el inesperado resultado fue determinado por la energía y valor de los combatientes mexicanos. 

Infringidos los preliminares de la Soledad, Lorencez marchó con sus fuerzas de Córdoba a Orizaba. Comenzaron entonces los primeros enfrentamientos el 19 de abril de 1862 y las tropas francesas se prepararon a avanzar a la Ciudad de México, cuyo paso intentaron detener sin éxito en Acultzingo las tropas al mando del General Ignacio Zaragoza, sin éxito. 

Los franceses avanzaron a Amozoc, lugar al que arribaron el 4 de mayo. En este sitio Lorencez recibió información sobre el plan de defensa del general Zaragoza, y el general Juan Nepomuceno Almonte, asesoraró a Lorencez en el sentido de que el ataque debía efectuarse a través de la zona de la Huerta del Carmen, área del perímetro de la ciudad fuera del alcance de las fortificaciones de Loreto y Guadalupe. Ante este escenario, el general Zaragoza, dispuso sus tropas en cuatro brigadas de Infantería como sigue: 

Brigada Berriozábal, 1,082 hombres; Brigada Lamadrid, 1020; Brigada Negrete, 1,000; Brigada Díaz, 518, Artillería, 550 y Caballería, 4,852 elementos. 

Ante la posibilidad de que los franceses dirigirían su ataque por el este y por el sur, el general Zaragoza dispuso de su efectivo conforme al siguiente dispositivo: 

• Brigada de Caballería, al mando del General Antonio Álvarez, apoyado en la ladrillera de Azcárate;
• Brigada Díaz, en la columna de ataque, entre la Caballería y la Brigada Berriozábal;
• Brigada Berriozábal, en la columna de ataque, entre la Brigada Díaz y la Brigada Lamadrid,
• Brigada Lamadrid, en la columna de ataque entre la Brigada Berriozábal y la falda sureste del Cerro de Guadalupe.
• La Brigada Negrete, de guarnición en los dos fuertes, con un Batallón de Morelia en los atrincheramientos de la falda sureste de Guadalupe, el Batallón de la Guardia Nacional de Puebla (los zacapoaxtlas) en línea de tiradores en la loma que une a Loreto con Guadalupe.

La columna francesa marchó de Amozoc a Guadalupe la madrugada del 5 de mayo, al considerar a esta última posicion como el punto que dominaba Puebla, cuya posesión resultaría en el dominio de la ciudad, pero las condiciones del terreno y ubicación estratégica de los fuertes de Guadalupe y Loreto, les dificultaron el avance a las columnas francesas que fueron sometidas a un intenso fuego de la infantería y artillería mexicana apoyadas por caballería, ante la imposibilidad de avanzar sobre Guadalupe, el general Lorencez ordenó la retirada. 

Este acto glorioso de las armas nacionales en Puebla causó optimismo en toda la República y los generales, jefes, oficiales y soldados mexicanos de la acciones de Acultzingo y Puebla fueron declarados beneméritos de la patria mediante decreto del Congreso de la Unión. 

Las consecuencias de esa histórica batalla fueron enormes, Napoleón III ordenó que se aumentara el número de las tropas francesas, las cuales ascendieron a aproximadamente 28000 elementos, más unos 2800 del partido monárquico; por su parte, el General Zaragoza recibió refuerzos de la capital, Jalisco, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas, por lo que el efectivo del Cuerpo del Ejército de Oriente aumentó a 22000 hombres. 

Tras la ocupación de la plaza Puebla, después de haber sido declarada por el General González Ortega en sitio desde el 10 de marzo de 1863, hasta su rendición el 17 de mayo, la capital de la República fue declarada también en sitio y Benito Juárez trasladó su gobierno a San Luis Potosí. 

El ejército francés entró en la Ciudad de México el 10 de junio y un mes después, el 10 de julio, la Asamblea de Notables, convocada por el General Elías Federico Forey, dio lectura al dictamen con las siguientes proposiciones: 

• La nación mexicana adopta por forma de Gobierno la Monarquía Moderada, hereditaria, con un príncipe católico,
• Que el soberano tomaría el título de emperador de México,
• Que la corona imperial se ofrecería al príncipe Fernando Maximiliano, Archiduque de Austria, para sí y sus descendientes,
• Que en el caso que por circunstancias de prever no llegase a tomar posesión del trono, la nación mexicana se remitiría a la benevolencia del emperador de los franceses para que le indicase otro príncipe católico.

De esta forma un extranjero sería designado como dirigente de todos los asuntos nacionales y el Poder Ejecutivo se denominaría “Regencia del imperio mexicano” y en 1864 desembarcó en Veracruz, Maximiliano de Habsburgo, que con el apoyo de los franceses y de grupos mexicanos conservadores opositores al gobierno liberal de Benito Juárez, estableció el 2º imperio en México. 

El imperio de Maximiliano duró poco tiempo pues en 1867 Napoleón III retiró su apoyo y por esta razón sus incipientes fuerzas armadas no pudieron contener el avance de las tropas leales a la república. 

hidalgo la hisstoria jamas contada

ley de lerdo

La Ley Lerdo es el sobrenombre con el que se le conoce a la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Ignacio Comonfort.

La ley tenía como objetivos crear una clase media rural que, a semejanza de la estadounidense, tuviera deseos de desarrollarse; sanear las finanzas públicas del Estado y reanimar la economía al eliminar lo que, de acuerdo con lo estipulado al principio de la Ley Lerdo por Ignacio Comonfort, representaba uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación: la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad a raíz. También conocidos como "bienes en manos muertas".

El autor de la Ley Lerdo, Miguel Lerdo de Tejada.

Ante la gran cantidad de bienes inmuebles en poder de la Iglesia Católica y de las corporaciones civiles, el gobierno decretó su venta a particulares para fomentar el mercado y, al mismo tiempo, obtener ingresos provenientes de los impuestos de compra-venta. Tanto los grupos religiosos como las corporaciones civiles tuvieron prohibido adquirir bienes raíces a partir de la promulgación de la Ley Lerdo, a excepción de aquellos que fuesen estrictamente necesarios para sus actividades. Esta ley tuvo como consecuencia que muchas de las fincas quedaran en manos de extranjeros y dieran origen a loslatifundios en años posteriores.

Esta ley formó parte de las llamadas Leyes de Reforma que establecieron la separación Iglesia-Estado, la abolición de los fueros eclesiásticos y la secularización del registro de nacimientos, defunciones y matrimonios (dando origen al Registro Civil). La ley, la cual era de origen liberal, recibió su nombre por el papel relevante que tuvo Miguel Lerdo de Tejada en su formulación, reglamentación, interpretación y ejecución.

Todas las fincas rústicas y urbanas poseídas por las corporaciones civiles o eclesiásticas se adjudicaron en propiedad a quienes las tenían arrendadas por un valor correspondiente a la renta que pagaban calculada como rédito al seis por ciento anual.

Si fincas urbanas estaban arrendadas directamente a varios inquilinos, estas eran adjudicadas al inquilino que pagase la mayor renta (o al más antiguo en caso de igualdad) capitalizando la suma total de los arrendamientos. Si las fincas eran rústicas, se adjudicaba a cada arrendatario la parte que tenía arrendada.

Las fincas tanto urbanas como rústicas que no estaban arrendadas a la fecha de publicación de la Ley Lerdo, se adjudicaron al mejor postor.

direccion:https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Lerdo

Siglo XIX > 1850-1859 > 1856 Ley Lerdo. Ley de desamortización de bienes de la iglesia y de corporaciones. Junio 28, 1856  Ministerio de Hacienda. El excelentísimo señor presidente sustituto de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue: Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la república mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que considerando que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la Nación, es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública, y en uso de las facultades que me concede el plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar lo siguiente: Artículo 1. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual. Artículo 2. La misma adjudicación se hará a los que hoy tienen a censo enfitéutico fincas rústicas o urbanas de corporación, capitalizando al seis por ciento el canon que pagan, para determinar el valor de aquéllas. Artículo 3. Bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios, y en general todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua o indefinida. Artículo 4. Las fincas urbanas arrendadas directamente por las corporaciones a varios inquilinos, se adjudicarán, capitalizando la suma de arrendamientos, a aquél de los actuales inquilinos que pague mayor renta, y en caso de igualdad, al más antiguo. Respecto de las rústicas que se hallan en el mismo caso, se adjudicará a cada arrendatario la parte que tenga arrendada. Artículo 5. Tanto las urbanas como las rústicas que no estén arrendadas a la fecha de la publicación de esta ley, se adjudicarán al mejor postor, en almoneda que se celebrará ante la primera autoridad política del partido. Artículo 6. Habiendo fallos ya ejecutoriados en la misma fecha para la desocupación de algunas fincas, se considerarán como no arrendadas, aunque todavía las ocupen de hecho los arrendatarios; pero éstos conservarán los derechos que les da la presente ley si estuviere pendiente el juicio sobre desocupación. También serán considerados como inquilinos o arrendatarios, para los efectos de esta ley, todos aquellos que tengan contratado ya formalmente el arrendamiento de alguna finca rústica o urbana, aun cuando no estén todavía de hecho en posesión de ella. Artículo 7. En todas las adjudicaciones de que trata esta ley, quedará el precio de ellas impuesto al seis por ciento anual, y a censo redimible sobre las mismas fincas, pudiendo cuando quieran los nuevos dueños redimir el todo, o una parte que no sea menor de mil pesos, respecto de fincas cuyo valor ex- ceda de dos mil pesos, y de doscientos cincuenta en las que bajen de dicho precio. Artículo 8. Sólo se exceptúan de la enajenación que queda prevenida, los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto del instituto de las corporaciones, aun cuando se arriende alguna parte no separada de ellos, como los conventos, palacios episcopales y municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección y de beneficencia. Como parte de cada uno de dichos edificios, podrá comprenderse en esta excepción una casa que esté unida a ellos y la habiten por razón de oficio los que sirvan al objeto de la institución, como las casas de los párrocos y de los capellanes de religiosas. De las propiedades pertenecientes a los ayuntamientos, se exceptúan también los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente a que pertenezcan. Artículo 9. Las adjudicaciones y remates deberán hacerse dentro del término de tres meses, contados desde la publicación de esta ley en cada cabecera de partido. Artículo 10. Transcurridos los tres meses sin que haya formalizado la adjudicación el inquilino arrendatario, perderá su derecho a ella, subrogándose en su lugar con igual derecho el subarrendamiento, o cualquiera otra persona que en su defecto, presente la denuncia ante la primera autoridad política del partido, con tal que haga que formalice a su favor la adjudicación dentro de los quince días siguientes a la fecha de la denuncia. En caso contrario o faltando ésta, la expresada autoridad hará que se adjudique la finca en almoneda al mejor postor. Artículo 11. No promoviendo alguna corporación ante la misma autoridad dentro del término de los tres meses el remate de las fincas no arrendadas, si hubiere denunciantes de ellas, se le aplicará la octava parte del precio, que para el efecto deberá exhibir de contado aquél en quien finque el remate quedando a reconocer el resto a favor de la corporación. Artículo 12. Cuando la adjudicación se haga a favor del arrendatario, no podrá éste descontar del precio ninguna cantidad por guantes, traspaso o mejoras, y cuando se haga en favor del que subroga en su lugar, pagará de contado al arrendatario tan sólo el importe de los guantes, traspaso o mejoras que la corporación le hubiere reconocido precisamente por escrito antes de la publicación de esta ley; quedando en ambos casos a favor de aquélla todo el precio, capitalizada la renta actual al seis por ciento. En el caso de remate al mejor postor, se descontará del precio que ha de quedar impuesto sobre la finca, lo que deba pagarse al arrendatario por estarle reconocido en la forma expresada. Artículo 13. Por la deuda de arrendamiento anteriores a la adjudicación, podrá la corporación ejecutar sus acciones conforme a derecho común. Artículo 14. Además, el inquilino o arrendatario deudor de rentas no podrá hacer que se formalice a su favor la adjudicación, sin que liquidada antes la deuda con presencia del último recibo, o la pague de contado, o consienta en que se anote la escritura de adjudicación, para que sobre el precio de ella quede hipotecada la finca por el importe de la deuda, entre tanto no sea satisfecha. Esta hipoteca será sin causa de réditos, salvo que prescindiendo la corporación de sus acciones para exigir desde luego el pago, como podrá exigirlo, aun pidiendo conforme a derecho el remate de la finca adjudicada, convenga en que por el importe de la deuda se formalice imposición sobre la misma finca. Artículo 15. Cuando un denunciante se subrogue en lugar del arrendatario, deberá éste, si lo pide la corporación, presentar el último recibo, a fin de que habiendo deuda de rentas, se anote la escritura para todos los efectos del artículo anterior. Entonces podrá el nuevo dueño usar también de las acciones de la corporación para exigir el pago de esa deuda. Mas en el caso de remate al mejor postor, no quedará por este título obligada la finca. Artículo 16. Siempre que no se pacten otros plazos, los réditos que se causen en virtud del remate o adjudicación, se pagarán por meses vencidos en las fincas urbanas, y por semestres vencidos en las rústicas. Artículo 17. En todo caso de remate en almoneda se dará fiador de las réditos, y también cuando la adjudicación se haga en favor del arrendatario o de quien se subrogue en su lugar, si aquel tiene dado fiador por su arrendamiento, pero no en caso contrario. Artículo 18. Las corporaciones no sólo podrán conforme a derecho cobrar los réditos adeudados, sino que llegando a deber los nuevos dueños seis meses en las fincas urbanas y dos semestres en las rústicas, si dieren lugar a que se les haga citación judicial para el cobro y no tuviesen fiador de réditos, quedarán obligados a darlo desde entonces, aun cuando verifiquen el pago en cualquiera tiempo después de la citación. Artículo 19. Tanto en los casos de remate como en las adjudicaciones a los arrendatarios, o a los que se subroguen en su lugar, y en las enajenaciones que unos u otros hagan, deberán los nuevos dueños respetar y cumplir los contratos de arrendamientos de tiempo determinado, celebrados antes de la publicación de esta ley, y no tendrán derecho para que cesen o se modifiquen los de tiempo indeterminado sino después de tres años contados desde la misma fecha. Cuando la adjudicación se haga a los arrendatarios, no podrán modificar dentro del mismo término los actuales subarriendos que hubieren celebrado. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del derecho para pedir la desocupación por otras causas, conforme a las leyes vigentes. Artículo 20. En general, todos los actuales arrendamientos de fincas rústicas y urbanas de la República celebrados por tiempo indefinido, podrán renovarse a voluntad de los propietarios después de tres años contados desde la publicación de esta ley: desde ahora para lo sucesivo se entenderá siempre que tienen el mismo término de tres años, todos los arrendamientos de tiempo indefinido, para que a ese plazo puedan libremente renovarlos los propietarios. Artículo 21. Los que por remate o adjudicación adquieran fincas rústicas o urbanas en virtud de esta ley, podrán en todo tiempo enajenarlas libremente y disponer de ellas como de una propiedad legalmente adquirida, quedando tan sólo a las corporaciones a que pertenecían, los derechos que conforme a las leyes corresponden a los censualistas por el capital y réditos. Artículo 22. Todos los que en virtud de esta ley adquieran la propiedad de fincas rústicas, podrán dividir los terrenos de ellas, para el efecto de enajenarlas a diversas personas, sin que las corporaciones censualistas puedan oponerse a la división, sino sólo usar de sus derechos para que se distribuya el reconocimiento de la capital sobre las facciones en proporción de su valor, de modo que quede asegurada la misma suma que antes reconocía toda la finca. Artículo 23. Los capitales que como precio de las rústicas y urbanas queden impuestos sobre ellas a favor de las corporaciones, tendrán el lugar y la prelación que conforme a derecho les corresponda, entre los gravámenes anteriores de la finca y los que se le impongan en lo sucesivo. Artículo 24. Sin embargo de la hipoteca a que quedan afectas las fincas rematadas o adjudicadas por esta ley, nunca podrán volver en propiedad a las corporaciones, quienes al ejercer sus acciones sobre aquéllas, sólo podrán pedir el remate en almoneda al mejor postor, sin perjuicio de sus derechos personales contra el deudor. Artículo 25. Desde ahora en adelante, ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción que expresa el artículo 8o. respecto de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución. Artículo 26. En consecuencia, todas las sumas de numerario que en lo sucesivo ingresen a las arcas de las corporaciones, por redención de capitales, nuevas donaciones u otro título, podrán imponerlas como accionistas en empresas agrícolas, industriales o mercantiles, sin poder por esto adquirir para sí ni administrar ninguna propiedad raíz. Artículo 27. Todas las enajenaciones que por adjudicación o remate se verifiquen en virtud de esta ley, deberán constar por escritura pública, sin que contra éstas y con el objeto de invalidarlas en fraude de la ley, puedan admitirse en ningún tiempo cualesquiera contradocumentos, ya se les dé la forma de instrumentos privados o públicos; y a los que pretendieren hacer valer tales contradocumentos, así como a todos los que los hayan suscrito, se les perseguirá criminalmente como falsarios. Artículo 28. Al fin de cada semana, desde la publicación de esta ley, los escribanos del Distrito enviarán directamente al ministerio de hacienda una noticia de todas las escrituras de adjudicación o remate otorgadas ante ellos, expresando la corporación que enajena, el precio y el nombre del comprador. Los escribanos de los Estados y Territorios enviarán la misma noticia al jefe superior de hacienda respectivo, para que éste la dirija al ministerio. A los escribanos que no cumplan con esta obligación, por sólo el aviso de la falta que dé el ministerio o el jefe superior de hacienda a la primera autoridad política del partido, les impondrá ésta gubernativamente, por primera vez, una multa que no baje de cien pesos ni exceda de doscientos, o en defecto de pago un mes de prisión; por segunda vez, doble multa o prisión y por tercera un año de suspensión de oficio. Artículo 29. Las escrituras de adjudicación o remate se otorgarán a los compradores por los representantes de las corporaciones que enajenen; mas si éstos se rehusaren, después de hacerles una notificación judicial para que concurran al otorgamiento, se verificará éste en nombre de la corporación por la primera autoridad política o el juez de primera instancia del partido, con vista de la cantidad de renta designada en los contratos de arrendamiento, o en los últimos recibos que presenten los arrendatarios. Artículo 30. Todos los juicios que ocurran sobre puntos relativos a la ejecución de esta ley, en cuanto envuelvan la necesidad de alguna declaración previa para que desde luego pueda procederse a adjudicar o rematar las fincas, se sustanciarán verbalmente ante los jueces de primera instancia, cuyos fallos se ejecutarán sin admitirse sobre ellos más recursos que el de responsabilidad. Artículo 31. Siempre que previa una notificación judicial, rehúse alguna corporación otorgar llanamente, sin reservas ni protestas relativas a los efectos de esta ley, recibos de los pagos de réditos o redenciones de capitales que hagan los nuevos dueños, quedarán éstos libres de toda responsabilidad futura en cuanto a esos pagos, verificándolos en las oficinas respectivas del gobierno general, las que los recibirán en depósito por cuenta de la corporación. Artículo 32. Todas las traslaciones de dominio de fincas rústicas y urbanas que se ejecuten en virtud de esta ley, causarán la alcabala de cinco por ciento, que se pagará en las oficinas correspondientes del gobierno general, quedando derogada la ley de 13 de febrero de este año en lo relativo a este impuesto en las enajenaciones de fincas de manos muertas. Esta alcabala se pagará en la forma siguiente: una mitad en numerario y la otra en bonos consolidados de la deuda interior, por las adjudicaciones que se verifiquen dentro del primer mes: dos terceras partes en numerario y una tercera en bonos por las que se hagan en el segundo; y sólo una cuarta parte en bonos y tres cuartas en numerario por las que se practiquen dentro del tercero. Después de cumplidos los tres meses, toda la alcabala se pagará en numerario. Artículo 33. Tanto en los casos de adjudicación como en los de remate, pagará esta alcabala el comprador; quien hará igualmente los gastos de remate o adjudicación. Artículo 34. Del producto de estas alcabalas se separará un millón de pesos que unido a los otros fondos que designará una ley que se dictará con ese objeto, se aplicará a la capitalización de los retiros, montepíos y pensiones civiles y militares así como la amortización de alcances de los empleados civiles y militares en actual servicio. Artículo 35. Los réditos de los capitales que reconozcan las fincas rústicas o urbanas que se adjudiquen o rematen conforme a esta ley, continuarán aplicándose a los mismo objetos a que se destinaban las rentas de dichas fincas. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el palacio del gobierno nacional de México, a 25 de junio de 1856. Ignacio Comonfort. Al ciudadano Miguel Lerdo de Tejada. Y lo comunico a vuestra excelencia para su inteligencia y exacto cumplimiento. Dios y libertad. México, junio 15 de 1856. Lerdo de Tejada. Ministerio de Hacienda.- Excelentísimo Sr.- E125 del actual ha tenido a bien el excelentísimo señor presidente sustituto de la república, con acuerdo unánime de su ministerio, expedir la ley de que acompaño a vuestra excelencia ejemplares; y aunque esta disposición es una de aquéllas cuya conveniencia no puede ocultarse ni aun a las personas menos conocedoras de las verdaderas causas del atraso en que se encuentra en nuestro país, y de los medios que deben adoptarse para hacerlas desaparecer, quiere su excelencia que manifieste a vuestra excelencia cuáles son las principales miras que se han propuesto al dictarla, a fin de hacerle ver claramente su pensamiento, no dudando que procurará evitar el que en el estado de su digno mando los enemigos del bienestar y engrandecimiento de nuestra sociedad, siempre incansables en su propósito de extraviar las ideas del pueblo sobre las cuestiones que más de cerca afectan sus intereses, distraigan la opinión pública en un negocio de tan vital importancia para la nación. Dos son los aspectos bajo los cuales debe considerarse la providencia que envuelve dicha ley para que pueda apreciarse debidamente: Primero, como una resolución que va a hacer desaparecer uno de los errores económicos que más han contribuido a mantener entre nosotros estacionaria la propiedad de impedir el desarrollo de las artes e industrias que de ella dependen: Segundo, como una medida indispensable para allanar el principal obstáculo que hasta hoy se ha presentado para el establecimiento de un sistema tributario, uniforme y arreglado a los principios de la ciencia, movilizando la propia raíz, que es la base natural de todo buen sistema de impuestos. Bajo el primer aspecto, basta sin duda fijar la atención sobre el beneficio que inmediatamente ofrece esta disposición en el particular a los actuales inquilinos o arrendatarios de las fincas de corporaciones, así como sobre el que en lo general producirá a la sociedad el que se ponga en circulación esa masa enorme de bienes raíces que hoy se hallan estancados, y por último, en el impulso que recibirán las artes y oficios por las continuas mejoras que se harán a todas las fincas nuevamente enajenadas desde el momento en que se conviertan en propiedad de particulares, objeto ya de libres permutas, para que se comprendan todos los buenos resultados que de ella deben esperarse. Bajo el segundo punto de vista, independiente de los recursos que desde luego recibirá el erario nacional por el impuesto sobre las traslaciones de dominio que en virtud de esta ley deben verificarse, recursos que en el difícil período que hoy atraviesa la República pondrán al gobierno en actitud de cubrir las preferentes atenciones de la administración pública, sin ocurrir a los medios ruinosos que por desgracia, se han estado empleando de mucho tiempo a esta parte, se propone el excelentísimo señor presidente formar una base segura para el establecimiento de un sistema de impuestos, cuyos productos, sin cegar las fuentes de riqueza pública, basten a llenar las necesidades del gobierno y permitan a éste abolir de una vez para siempre todas esas gabelas que como una funesta herencia de la época colonial se conservan hasta el día entre nosotros, entorpeciendo el comercio con notable perjuicio de la agricultura, de las artes, de la industria y de toda la nación. Tales son los grandes fines que el excelentísimo señor presidente desea alcanzar con esta providencia, y creo debe llamar muy especialmente la atención de vuestra excelencia sobre la circunstancia de que para la realización de tan importantes objetos no se adoptan en la ley de que me voy ocupando ninguna de esas medidas violentas que para igual intento se han empleado en otros países, con ofensa de los principios eternos de la justicia y de la moral pública; pues convencido profundamente su excelencia de que la más sabia política no es aquella que tiende a destruir estos o los otros intereses existentes, sino la que pone a todos ellos en armonía, para que así unidos contribuyan al gran fin a que México, como todas las sociedades humanas, tiene derecho a aspirar, cual es el de mejorar progresivamente su condición, ha procurado con el mayor esmero que en esta disposición queden conciliados los grandes intereses que por ella pudieran ser afectados. Estos grandes intereses, que no son otros que los de las corporaciones poseedoras de las fincas que deben enajenarse y los de los actuales inquilinos o arrendatarios de ellas, notará vuestra excelencia que se encuentran perfectamente conciliados por las disposiciones de la ley, pues las primeras continuarán disfrutando las mismas rentas que hoy tienen para que puedan seguirlas aplicando a los objetos de su institución, al paso que los segundos, convertidos en propietarios de las fincas que poseen en arrendamiento, no tendrán ya que temer para lo sucesivo el verse despojados de las ventajas que disfrutan en la actualidad, como sucedería necesariamente en el caso de que dichas fincas fueran adjudicadas a un tercero. Es también una circunstancia digna de notarse la de que al dictar el excelentísimo señor presidente esta medida, muy lejos de seguir las ideas que en otras épocas se han pretendido poner en planta con el mismo fin, expropiando absolutamente a las corporaciones poseedoras de esos bienes en provecho del gobierno, ha querido más bien asegurarles ahora la percepción de las mismas rentas que de ellas sacaban; porque bien persuadido su excelencia de que el aumento de las rentas del erario no puede esperarse sino de la prosperidad de la nación, ha preferido a unos ingresos momentáneos en el tesoro público el beneficio general de la sociedad, dejando que reciba ésta directamente las ventajas que resulten de las operaciones consiguientes a cuanto se dispone de dicha ley. Con esta importante providencia cree el excelentísimo señor presidente dar a la nación un testimonio incontestable de los vehementes y sinceros deseos que lo animan para ejecutar con mano firme todas las reformas sociales que hace tanto tiempo está reclamando la república, para entrar francamente en la senda única que puede conducirla al bienestar y felicidad de que cada día se ve más lejana por la acción combinada de los errores que quedaron en ella arraigados de la época colonial, y por las miserables y estériles revueltas que después de su emancipación política la han mantenido en perpetua agitación. Treinta y cinco años ha que el libertador de México al penetrar en esta capital al frente de su ejército vencedor, excitaba a los mexicanos a saludar llenos de júbilo el gran día de la independencia nacional, dirigiéndoles entre otras, estas elocuentes palabras: Ya sabéis el modo de ser libres; a vosotros toca señalar el de ser felices. Y sin embargo del profundo pensamiento que encerraban aquellas memorables palabras, que equivalían a decir: llegad al fin puesto que ya tenéis el medio, y a pesar de la solemnidad del momento en que fueron pronunciadas, ¡bochornoso es decirlo!, los años han pasado uno tras otro, no dejando en pos de sí otra huella que la de las maldades o desaciertos que producen comúnmente los frecuentes trastornos de una sociedad, cuando no tienen por objeto sino la satisfacción de mezquinos intereses y de bastardas pasiones; y es por cierto un hecho digno de notarse el de que entre tantos caudillos como han brotado de nuestras revueltas, no haya habido uno solo que aspire a la gloria de realizar el gran pensamiento que dejó indicado el héroe de Iguala, para lo cual bastaba ponerse con inteligencia y energía al frente de los intereses de la sociedad, dando acción y vida a todos los elementos de prosperidad que encierra la República. El excelentísimo señor presidente, cuyo corazón se conmueve al observar la miserable condición en que se halla la inmensa mayoría de la nación, y penetrado como lo está por otra parte de que tal situación no puede mejorarse en medio del desconcierto general a que por desgracia ha llegado la sociedad, sino creando en ella todos los intereses que puedan identificarse con las ideas del orden y del progreso bien entendidos, y dictando a la vez sucesivamente todas las medidas convenientes para regularizar la administración pública en todos sus ramos, tiene la firme resolución de marchar por esta senda, sin que basten a detenerlo los obstáculos que puedan presentársele, porque cualquiera que sea el resultado de sus trabajos y sacrificios, su excelencia confía en que serán siempre apreciadas sus rectas intenciones, y tienen además la noble esperanza de que siguiendo el camino que se ha trazado, cuando concluya el corto periodo de la administración que le ha tocado en suerte presidir, podrá contar con un grato recuerdo en el corazón de todos los buenos mexicanos. Para la realización de estas miras, cuenta su excelencia con la eficaz y decidida cooperación de la parte sensata y honrada de la nación, y muy especialmente con la de las personas que se hallan al frente de los negocios públicos, no dudando por lo mismo que vuestra excelencia, con la ilustración y patriotismo que más de una vez tiene acreditados, secundará sus providencias, poniendo en acción para ello todos los recursos de su autoridad. Al comunicar a vuestra excelencia de suprema orden cuanto llevo expuesto, tengo la satisfacción de reiterarle las seguridades de mi consideración y particular aprecio. Dios y libertad. México, a 28 de junio de 1856. Lerdo de Tejada. Fuente: De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal. Gloria Villegas Moreno y Miguel Angel Porrúa Venero (Coordinadores) Margarita Moreno Bonett. Enciclopedia Parlam I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana. Tomo II. p. 505.entaria de México, del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera edición, 1997. Serie III. Documentos. Volumen miguel garcia